En un histórico avance para los derechos humanos y la justicia, Argentina ha logrado la primera condena en el mundo por violencia sistemática contra mujeres trans durante la última dictadura cívico-militar. Este fallo, emitido por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de La Plata, representa un significativo paso adelante en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de verdad y justicia. La sentencia, que reconoce el sufrimiento y la persecución de mujeres trans en los centros clandestinos de detención, se suma a la larga tradición argentina de juzgar los crímenes de lesa humanidad y reafirma el compromiso del país con la inclusión y la justicia social.

Argentina tiene una larga tradición de lucha en defensa de los derechos humanos, que lleva orgullosamente por el mundo de la mano de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Desde 1977 estas valientes mujeres reclaman por sus hijos y nietos, desaparecidos, asesinados o sustraídos durante la última dictadura cívico militar.

Con la vuelta de la democracia, se da uno de los hechos más importantes en materia de juzgamiento a nivel internacional, juzgar y condenar a las juntas militares en tribunales civiles por los delitos cometidos desde el Estado. Este proceso fue interrumpido por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que abrió un periodo de impunidad en el que las víctimas se cruzaban con sus torturadores en la calle. 

No es hasta el año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se dio un paso crucial en la búsqueda de justicia al declarar nulas esas leyes. Posteriormente, en el año 2005, la Corte Suprema de la Nación ratificó esta decisión al declararlas inconstitucionales. Este hito marcó un giro positivo en la lucha contra la impunidad, sentando las bases para un proceso más profundo de rendición de cuentas y justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se retomaron los juicios por delitos de lesa humanidad con un saldo al día de hoy de más de 1.200 condenas.

A lo largo de los años y de cientos de testimonios en sede judicial, quedó demostrado que las violaciones y abusos sexuales de todo tipo, eran una práctica común en la mayoría de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero sin embargo, eran considerados en las sentencias de cada juicio, como torturas. Hubo que esperar hasta agosto de 2021 donde el Tribunal Oral Federal 5 condenó a dos ex marinos que operaron en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada por ejercer violencia sexual contra tres mujeres secuestradas que estuvieron privadas ilegalmente de la libertad en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar. Los hechos fueron considerados crímenes de lesa humanidad, pero pasaron décadas hasta que pudieron investigarse como delitos específicos, autónomos del delito de imposición de torturas al que eran sometidas todas las personas que eran llevadas allí.

Son muchos los relatos de sobrevivientes sobre el ensañamiento de los genocidas con las personas judías y las mujeres trans, pero recién este año esas voces fueron tenidas en cuenta. Cinco mujeres trans dieron su testimonio, por primera vez: nunca antes en un juicio por crímenes de lesa humanidad habían declarado personas transgénero. Ni en Argentina ni en ningún otro país.

El pasado 5 de julio, se dieron a conocer los fundamentos de la primera condena en el mundo por violencia sistemática contra mujeres trans, perseguidas por su identidad, en el contexto de terrorismo de Estado. El 26 de marzo de este año, luego de 3 años y medio de juicio oral, el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata emitió su veredicto en el primer juicio oral que abordó parte de los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención tortura y exterminio conocidos como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, El Infierno y en la Brigada de Investigaciones San Justo. Entre las 610 víctimas, 8 fueron mujeres trans que estuvieron secuestradas en el Pozo de Banfield.

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico celebramos esta sentencia por lo que significa en avance para el proceso de memoria, verdad y justicia y, como siempre, seguimos acompañando las luchas por un país con inclusión y justicia social.